Domingo, abril 30, 2017
Covadonganoticias.com

EX FUNCIONARIA DE OPB, ¡BAJO LUPA!

A pocos días de vencer el término para observaciones en torno a la entrega-recepción del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la ex titular de la Secretaría General de la Comuna, Claudia Granados Méndez, se convirtió en la nueva prueba de fuego para el presidente municipal capitalino, Luis Torres Llanes, tras ponerse de manifiesto su responsabilidad en otorgar permisos irregulares para la construcción en un terreno costero.

Se trata de la isla “Cayo Violín” que, a un costado de Cayo Venado hacia el norte, se oferta en Internet como desarrollo ecológico estilo Bora Bora o Islas Fiji para algún desarrollo hotelero de 96 habitaciones, 8 villas y aeropuerto para avionetas y helicópteros, y que, con una extensión de 130 hectáreas, aparece con valor de 90 millones de pesos.

Ubicado cerca del Banco Chinchorro, Mahahual y Chetumal, en “sitios increíbles de mar, lago, vegetación y selva”, listo para un megaproyecto, el terreno, sin embargo, se ubica en un área donde está prohibido el uso de suelo o explotación para desarrollo turístico por tratarse de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA)

No obstante, con conocimiento de causa, la ex colaboradora del priísta Eduardo Espinosa Abuxapqui otorgó los permisos necesarios a favor de Miguel Almeida (o Armando Almeida) por 4 millones de pesos, cantidad calificada de irrisoria, y de los cuales sólo 2.2 millones de pesos ingresaron a las arcas del Ayuntamiento, sin que hasta hoy se conozca el destino del saldo.

Nombrada originalmente titular de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología por el cuestionado ex alcalde, Claudia Granados se convirtió sorpresivamente en titular interina de la Secretaría General de la Comuna  el 22 de abril último tras la renuncia del no menos cuestionado Jorge Aguilar Cheluja.

Durante su relampagueante, cual “sorpresivo” ascenso político, la funcionaria también asumió la responsabilidad administrativa de la Policía Municipal Preventiva el 5 de julio, tras que la Policía Estatal se hiciera cargo de la operatividad de esa corporación a partir del establecimiento del sistema de Mando Único en la entidad.

Irónicamente, en una criticable maniobra, en la que también cuenta con el apoyo de Espinosa Abuxapqui, Claudia Granados buscará este sábado convertirse en presidenta del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, A.C. Chetumal que, como miembro de la organización Arquitectos Revolucionarios de México Asociación Civil, encabeza Pedro Chargoy Loustaunau.

Según el titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento, Miguel Palomo Tuyub, la ex funcionaria es la responsable de la ilegal autorización, ya que, al tratarse de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Cayo Violín, debió ser protegida por sus propias características, amén de no haberse podido ubicar el destino de los 1.8 millones de pesos faltantes.

Asimismo, se refirió a otro faltante, ahora de 1.5 millones más, por una serie de autorizaciones de uso de suelo a la empresa constructora inmobiliaria “Andara” en la zona costera de Mahahual, recursos que, al menos en teoría, habrían ingresado a las arcas municipales una semana antes de que tomara posesión Torres Llanes, y cuyo tan rápido destino se desconoce.

Se sabe que Miguel Almeida (o Armando Almeida) realizó el pago al Ayuntamiento en septiembre, durante la administración de Eduardo Espinosa, y que el expediente está en revisión para deslindar responsabilidades, los cuales podrían ser de tipo penal contra Claudia Granados Méndez.

Conforme al portal de Internet www.sigloxxibienesraices.com “Cayo Violín” se oferta como predio de 130 hectáreas con valor de 90 millones de pesos, para una densidad de 10 cuartos por hectárea en una superficie de 130 hectáreas, cuyo precio unitario por metro cuadrado es de 69.24 pesos para un tipo de proyecto “conceptual”, con un mejor precio de la zona y más para su propia isla, que se puede apartar con 10% firmando promesa de compra.

Otra página de Internet, www.negocius.com.mx, publicó desde el 24 de mayo del 2016 que el terreno se destinaría para un desarrollo hotelero ecológico, que cuenta con Reporte Técnico de Impacto Ambiental, y proyecto de estudio hotelero, donde la profundidad del mar en la zona es de seis metros, con los arrecifes más bellos y extensos del mundo después de Australia.

En relación con las otras observaciones del área de Obras Públicas por autorizaciones de uso de suelo sin el expediente correspondiente en Mahahual y Chetumal, la ex regidora de la administración anterior, Verónica Aguilando Gómez, explicó que, con la modificación del Plan de Ordenamiento Ecológico municipal (POEL), se cambiaron diversos términos, entre los que pudiera incluirse Cayo Violín, aunque tendría que analizarse, pues, al parecer, está en la zona prevista para detonación eco-turística planteada en el anterior trienio.

Según ella, el POEL determina qué se puede hacer en determinadas UGA, como es el caso de ecoturismo de alta o baja densidad, así como el número de cuartos posibles de construir por hectárea.

En cualquiera de los casos, el alcalde Torres Llanes anunció que se aplicará la ley contra quienes autorizaron ilegalmente el desarrollo de Cayo Violín, en tanto advirtió que todos sus funcionarios están en proceso de prueba, por lo que nadie tiene asegurado el cargo.

Ante los recientes señalamientos y denuncias Fiscalización y Gestión Social, así como en el pago a beneficiarios del programa de Empleo Temporal, aseguró que no se solapará ningún acto de corrupción en su gobierno y quienes cometan alguna irregularidad deberán responder por sus actos.

En este sentido, reiteró que su gobierno seguirá con una política de honestidad y transparencia para cumplirle a la ciudadanía con un gobierno cercano, abierto, por lo que quien falle y se le compruebe alguna irregularidad se le separará del cargo y asumirá las consecuencias de sus actos.

Así, dijo que se investigan todas las acusaciones contra sus funcionarios para confirmar o descartar los señalamientos, aunque que en algunos casos se comprobó que se trata de trabajadores a los que se les investiga por estar coludidos en corrupción durante el trienio de Espinosa Abuxapqui, que buscan desestabilizar a su gobierno con falsas denuncias al ver afectado su interés.

Lo cierto es que el caso de la aspirante a la presidencia del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo se suma a la nada honrosa lista de funcionarios y ex funcionarios involucrados en lo que parece ser uno de los negocios más lucrativos de la política, el de los terrenos, cuya lista encabezan los ex gobernadores Roberto Borge Angulo y Félix González, aunque recién se incluyó el nombre del secretario general de gobierno, Francisco López Mena y, ahora se asegura, del propio mandatario, Carlos Joaquín González. (Luis Ángel Cabañas Basulto; escritor, abogado y periodista)

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